La denuncia de la Intervención, en cambio, destapó un esquema paralelo de recaudación en el Impuesto Inmobiliario, con pruebas documentales que muestran a Meribeb Alonzo Vallejos, prima de Miguel Prieto y jefa de la División de Impuesto Inmobiliario, como protagonista de maniobras ilegales: emisión de comprobantes en cajas y fechas que oficialmente no funcionaron, pagos que jamás ingresaron a las cuentas municipales y un circuito clandestino de dinero cuyo destino real Prieto no explica.
Lo más irónico es que el propio Prieto la defendió públicamente, llamándola “incorruptible” y atribuyéndole el fin de la corrupción en su área. Hoy, los documentos oficiales y el sistema SIGEM demuestran que, bajo su gestión, su prima aprovechó las mismas fallas del sistema para seguir desviando fondos en 2025.
La diferencia entre ambos casos es abismal:
• Distinto tributo: uno es Patente Comercial e Industrial, el otro es Impuesto Inmobiliario.
• Distintas personas: en su caso, dos funcionarios; en el de la Intervención, su prima.
• Distintas fechas: su denuncia refiere a 2024, la de la Intervención a hechos cometidos en enero de 2025.
Pretender que se trata del mismo hecho es una maniobra discursiva para embarrar la cancha y diluir la responsabilidad. Pero la verdad es clara: las pruebas documentadas por la Intervención muestran un esquema delictivo interno, montado para robarle a los contribuyentes de Ciudad del Este, con la participación de una persona de su entera confianza y de su propia sangre.
El intento de Miguel Prieto de mezclar los casos no es más que humo. La evidencia, fría y contundente, lo deja expuesto: mientras él hablaba de transparencia, en su administración se montaba una caja paralela para apropiarse del dinero de la gente.